Entre otros puntos, "este plan integral" exige una dotación suficiente para acabar con las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia, mejorar la financiación de los conciertos, aplicar deducciones fiscales con las que compensar “los gastos extra” asociados a la discapacidad, y elevar el porcentaje de contratación que las administraciones públicas han de mantener con los Centros Especiales de Empleo.

En el capítulo de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, reclamó que se dote de un presupuesto adecuado y se amplíen las medidas del 'Plan de Choque' ya existente para “acabar definitivamente con las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia”.

Esto debe complementarse “con la unificación de procedimientos, la creación de informes clínicos normalizados compatibles con el nuevo baremo del RD 888/2022 y el desarrollo de una "historia social única" para mejorar la eficiencia, propuso.

Además, exigió un aumento de los módulos económicos de la acción concertada social, a fin de cubrir costes reales y garantizar la sostenibilidad del Tercer Sector, junto a un incremento constante de las plazas concertadas.

Pidió asimismo un Plan de Acción específico para Mujeres y Niñas con Discapacidad que garantice la comunicación accesible para las víctimas de violencia de género, entre otros aspectos.

Por otro lado, defendió “una reforma fiscal para crear un sistema más justo, que alivie los sobrecostes de la discapacidad”.

Entre otras medidas, reclamó una deducción extraordinaria en el IRPF para los afectados por la dana, nuevas deducciones para combatir la brecha digital y apoyar a las familias cuidadoras o con personas electrodependientes, y la adaptación de la ley del IRPF a las nuevas figuras de apoyo a la capacidad jurídica como la curatela.

Solicitó una dotación presupuestaria para planes específicos clave en sanidad, como la Estrategia de Daño Cerebral Adquirido (DCA) y el Plan de Salud Mental.

Otras propuestas importantes son la creación de un Catálogo General de Productos de Apoyo y el desarrollo de un plan de resiliencia sanitaria que incluya un registro de personas electrodependientes, a fin de priorizar su seguridad en emergencias.

Dentro de sus propuestas, demandó también una línea presupuestaria específica para un programa de formación obligatoria y continua a todos los equipos de primera intervención (bomberos, policía, UME, etc.) sobre la atención a personas con discapacidad, que sería impartido en colaboración con Cermi CV.

También exigió su participación formal en los órganos de decisión durante las crisis. El El documento también incluye propuestas para consolidar la figura del "facilitador procesal", a fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, y adaptar las pruebas de acceso a la función pública.

Cermi CV también reivindicó pasar de un modelo de subvenciones a un "concierto social" para los servicios de orientación profesional y aumentar la reserva de contratos públicos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

En cuanto a la educación, la principal demanda de Cermi CV tiene que ver con la revisión urgente de los módulos económicos de los conciertos de los Centros de Educación Especial (CEE) para mejorar su financiación, así como la creación de un Plan Estratégico de Educación Inclusiva y un protocolo para garantizar la continuidad de los apoyos especializados al alumnado con discapacidad en caso de emergencia.