El movimiento asociativo de la discapacidad expresó su “profunda decepción” por la ausencia de avances para transformar el sistema educativo y consideró que el plan de educación inclusiva “habría llegado tarde incluso en el caso de haberse aprobado”, ya que el mandato legal del que trae causa se remonta a hace más de seis años y establecía un horizonte de aplicación entre 2020 y 2030.

A juicio del Cermi, que el plan llegase finalmente en 2026 sería indicativo de “la falta de impulso político para avanzar” hacia una transformación del sistema educativo que lo convierta en inclusivo o, al menos, sustancialmente más inclusivo.

A esta demora, el Cermi sumó la falta de acuerdo entre las administraciones educativas, evidenciada por la ausencia de apoyo de varias comunidades autónomas, y consideró que esta situación “refleja la inexistencia de un consenso mínimo para abordar una transformación” que, según defendió, debería constituir “una prioridad compartida”.

“Todo ha sido penoso y desde el sector social de la discapacidad estamos profundamente consternados y decepcionados”, señaló el Cermi, que lamentó seguir “sin un mandato legal cumplido y sin perspectivas claras de que el sistema educativo español progrese, aunque sea mínimamente, hacia la inclusión”.

La plataforma representativa de la discapacidad advirtió además de que los próximos procesos electorales no favorecen, a su juicio, la adopción de decisiones de largo alcance en una materia que requiere “estabilidad, planificación y compromiso sostenido por parte de las distintas administraciones”.

El Cermi consideró “especialmente preocupante” que la educación sea uno de los ámbitos de las políticas públicas en los que, según su valoración, se han producido “menos avances en materia de inclusión”.

“En todos los demás ámbitos se avanza, con dificultades y con mayor o menor intensidad, pero en el educativo no vemos una voluntad política suficiente de transformación. Mayoritariamente se prefiere mantener el statu quo y la inercia”, afirmó la entidad.

El Cermi subrayó que este estancamiento adquiere especial relevancia en 2026, cuando se cumplen 20 años de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En particular, recordó que el artículo 24 de este tratado reconoce el derecho a la educación y obliga a los Estados a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles.