Para el Comité, la educación en España "se encuentra muy lejos de observar los mandatos a que obliga el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España incumple generalizadamente".

En un comunicado, el Cermi lamentó que "el Gobierno no ha avanzado siquiera, acumulando cinco años de retraso, en la aprobación del Plan de Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad hasta el año 2030 que establecía la última reforma de la legislación educativa del año 2020".

"Aparte de cuestiones de modelo, que sólo puede ser el de plena inclusión educativa, conforme al mandato de derechos humanos imperante", el panorama de nuevo curso escolar para el alumnado con discapacidad se caracteriza, según la organización por "la falta extendida de medios humanos y materiales, escasez o inexistencia de apoyos individualizados, deficiente formación del profesorado en atención a la diversidad, carencias en materia de accesibilidad a los entornos, incluidos los lectivos, problemas curriculares y de metodología, restricciones injustificadas para determinadas discapacidades en la ayudas y becas al estudio, acoso escolar incrementado", entre otras carencias.

Por todo ello, el Cermi exige al Gobierno, a través del ministerio de Educación, "la culminación y puesta en práctica del Plan de inclusión Educativa como herramienta que ayude a superar la paralización que hoy muestra el sistema educativo español en cuestiones de inclusión".