El documento identifica distintas medidas dirigidas a las personas españolas con discapacidad que residen fuera del país o que deciden regresar a España. Entre ellas figuran la inclusión de determinados familiares con discapacidad en el ámbito de aplicación de la norma, las prestaciones económicas por incapacidad absoluta y la exclusión de ciertas asignaciones por hijos con discapacidad del cómputo de ingresos.

El Reglamento también contempla el acceso a asistencia sanitaria en determinados supuestos de discapacidad igual o superior al 65%, así como actuaciones de bienestar social para españoles con discapacidad residentes en el exterior.

En el ámbito educativo, incorpora medidas para favorecer el acceso a la enseñanza, con atención preferente a estudiantes con necesidades educativas especiales, y establece la garantía de una educación accesible y adaptada sobre la lengua y la cultura españolas para menores y personas adultas con discapacidad.

En materia de accesibilidad, la norma obliga a garantizar que la información y el asesoramiento de las oficinas consulares y otras dependencias del Servicio Exterior del Estado sean accesibles. También prevé que la Guía del Retorno a España esté disponible en formatos accesibles.

El texto incluye asimismo la discapacidad entre los ámbitos de actuación de las medidas de retorno, contempla el reconocimiento en España de la discapacidad acreditada en el extranjero y establece medidas de cooperación administrativa para “facilitar la incorporación laboral de las personas retornadas con discapacidad”.

El Cermi señaló que una parte importante de estas disposiciones responde a “propuestas formuladas por la plataforma durante la tramitación del Reglamento”. A su juicio, este resultado refleja “la importancia de la interlocución institucional del movimiento asociativo” para incorporar la perspectiva de la discapacidad a las políticas públicas dirigidas a la ciudadanía española en el exterior.

No obstante, el informe también identifica aspectos pendientes. Entre ellos, la falta de un procedimiento específico para reconocer en España la discapacidad acreditada en otros países, la ausencia de previsiones concretas sobre accesibilidad cognitiva y comunicación accesible, la inexistencia de estadísticas desglosadas por discapacidad y la falta de mecanismos específicos de consulta y participación de las organizaciones representativas en los órganos de la ciudadanía española en el exterior.