La aprobación de este reglamento viene exigida por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que incorporó expresamente la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español y estableció un plazo de tres años para que el Gobierno desarrollara reglamentariamente las condiciones básicas en esta materia.

Dicho plazo expiró en 2025 sin que el Real Decreto hubiera sido aprobado, acumulándose desde entonces una demora que el Cermi considera necesario "poner fin cuanto antes", destacó este domingo en un comunicado.

Antes del verano quedaron culminados los principales trámites preceptivos para la aprobación de la norma, incluido el dictamen del Consejo de Estado, por lo que entiende que "el expediente se encuentra en disposición de ser elevado al Consejo de Ministros".

El movimiento social de la discapacidad espera que el Gobierno proceda a su aprobación en uno de los primeros Consejos de Ministros del nuevo curso político, dando cumplimiento así al "mandato legal pendiente y dotando a España de un marco reglamentario completo en materia de accesibilidad cognitiva".

La regulación permitirá concretar y ordenar los criterios, requisitos y parámetros de accesibilidad cognitiva que deberán reunir los distintos entornos, productos, servicios, procesos y sistemas para que puedan ser comprendidos, utilizados e interpretados por todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad intelectual y del desarrollo y quienes necesitan apoyos de naturaleza cognitiva.

Para el Cermi, la accesibilidad cognitiva constituye "una dimensión esencial de la accesibilidad universal y una condición indispensable para hacer efectivos derechos fundamentales como la participación, la autonomía personal, el acceso a la información, la educación, la justicia, la salud, el empleo y la vida independiente".

Así, dijo confiar en que el Gobierno complete finalmente este desarrollo normativo "sin más dilaciones", después de una espera que considera "excesiva" y que ha retrasado la plena efectividad de los avances legislativos alcanzados en 2022.