Para el CERMI ésta es "una ley esperada, bien recibida y que habrá que ver en su detalle final". Asimismo, espera que este proyecto de ley permita la accesibilidad universal para todos los discapacitos y que su debate en el Parlamento concite el mayor consenso.

Hasta ahora, las leyes de discapacidad se limitaban a declarar derechos para estas personas, pero no contemplaban dispositivos punitivos ni sancionadores para hacerlos cumplir. La nueva norma ya establece sanciones, de entre 301 y un millón de euros, para salvaguardar los derechos de las personas discapacitadas.

Por ejemplo, cuando alguien le prohíba a una persona discapacitada la entrada a una discoteca, ésta, cuando entre en vigor la ley, podrá acudir a la Administración y pedir que se sancione a esa persona, o a esa empresa que le ha impedido el acceso.

El CERMI cree que es muy importante que las asociaciones de discapacitados estén vigilantes y que denuncien cualquier tipo de discriminación que sufran las personas discapacitadas.