Según explicó el Cermi, este acuerdo, vigente desde 2021, establece que el 20% de lo recaudado se destina a programas estatales y el 80% a programas autonómicos desarrollados por entidades sociales. El acuerdo expira al finalizar 2025, y aún no se ha iniciado su renovación. Por ello, el Cermi pidió a las administraciones públicas que hagan una prórroga de cinco años que asegure su continuidad hasta 2030.

El modelo actual proporciona “estabilidad y previsibilidad” al Tercer Sector de Acción Social, tras una década anterior marcada por la “incertidumbre, conflictos políticos y litigios judiciales”. Gracias a este sistema, miles de entidades sociales pudieron sostener su actividad, atendiendo a las personas más vulnerables con programas financiados por esta vía.

El Movimiento Cermi alertó de que, si no se alcanza un nuevo pacto a tiempo, 2026 podría comenzar sin un marco “claro de financiación, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad de miles de proyectos sociales”. Ante esto, el Cermi y sus organizaciones miembros se comprometieron a desplegar una estrategia conjunta de “incidencia política, tanto a nivel estatal como autonómico, para defender esta prórroga como una prioridad política y social”.

La resolución aprobada este lunes marca una de las “posiciones políticas más relevantes del Movimiento Cermi” en este 2025, y subraya el carácter estratégico que el modelo de asignaciones tributarias del 0,7% tiene para sostener la red de protección social no lucrativa que opera en España.

En la apertura de la asamblea intervinieron los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quienes trasladaron a las delegaciones del movimiento social de la discapacidad las líneas estratégicas de sus respectivos departamentos.

Pérez Rey destacó la “colaboración constante y virtuosa” entre su ministerio y el Cermi, basada en un nuevo diálogo social con el sector de la discapacidad. Por su parte, Martínez reafirmó el compromiso del Gobierno con una reforma legal ambiciosa derivada del cambio en el artículo 49 de la Constitución operado en 2024.

Durante la jornada, se aprobaron la memoria social y las cuentas de 2024, el presupuesto y el plan de actuación para 2025, y se presentaron los principales avances de la Fundación Cermi Mujeres en materia de género y discapacidad.

Asimismo, se aprobó iniciar la preparación de un programa conmemorativo de actividades con motivo del 20 aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebrará en 2026.