El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, intervino en el encuentro para presentar el proceso impulsado por el movimiento asociativo de la discapacidad para incorporar la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español.

Pérez Bueno explicó que desde 2022 España cuenta con legislación general que reconoce y configura la accesibilidad cognitiva, incluida la lectura fácil, y que establece obligaciones de utilización, especialmente para los poderes y las administraciones públicas, así como medidas para favorecer su extensión al conjunto de la sociedad.

Esta regulación se completó recientemente con un reglamento general sobre las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, aprobado por el Gobierno en diálogo con la sociedad civil organizada de la discapacidad, que desarrolla los mandatos establecidos por la legislación.

La norma define la lectura fácil como “un método que incorpora pautas y recomendaciones” sobre la redacción de textos, el diseño, la maquetación y el formato de publicación de documentos, además de la validación de su comprensibilidad, con el objetivo de “facilitar el acceso a la información a las personas con dificultades de comprensión lectora”.

Durante su intervención, el presidente del Cermi destacó que las obligaciones de accesibilidad cognitiva y, por extensión, de lectura fácil alcanzan distintos ámbitos de la vida social, entre ellos las telecomunicaciones y la sociedad de la información, los espacios públicos, las infraestructuras y la edificación, los transportes, los bienes y servicios, las relaciones con las administraciones públicas y la Administración de Justicia.

También abarcan la participación en la vida pública y los procesos electorales, el patrimonio cultural e histórico y el empleo.

El Cermi defendió así ante la comunidad iberoamericana que la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil han dejado de ser en España “una cuestión meramente aspiracional” para incorporarse al derecho positivo, con el objetivo de “avanzar hacia derechos subjetivos, reales, efectivos y operativos”.

Pérez Bueno puso asimismo de relieve el papel de la sociedad civil organizada de la discapacidad en el proceso normativo y defendió que garantizar que las personas con discapacidad puedan interpretar y comprender el mundo requiere “legislar en diálogo estrecho con el movimiento asociativo”.