Esta fue una de las principales peticiones planteadas durante la celebración este jueves del seminario virtual 'El impacto de la Ley de Desindexación sobre la continuidad de los servicios sociales'. El objetivo de este seminario fue abordar en profundidad esta cuestión estratégica para el sector, que se encuentra en una situación de precariedad económica debido a la falta de actualización de los precios de los servicios en los contratos firmados con las administraciones públicas.

Durante la jornada se manifestó que la Ley de Desindexación prohíbe revisar los precios de forma genérica, unilateral y por índices generales, pero sí lo permite en función de índices o precios específicos. En este contexto, se llegó a la conclusión de que es necesario que tanto el Tercer Sector como las administraciones públicas trabajen juntos para encontrar soluciones que mitiguen los efectos negativos de esta regulación en la prestación y la concertación de servicios sociales.

El webinar, que fue presentado por la directora ejecutiva de Cermi, Pilar Villarino, contó con la intervención marco del gerente de Cermi, Luis Alonso, quien expuso la situación actual de la revisión de precios en contratos de servicios sociales, y la problemática con el objetivo de contextualizar y explicar la situación y, también, la importancia para el Tercer Sector.

Este impacto negativo es trasladable a las entidades del Tercer Sector social, por lo que desde el Cermi propusieron a la Plataforma del Tercer Sector (PTS) realizar “un análisis conjunto de la situación” para abordar soluciones debido a que esta situación no afecta solo a la discapacidad, sino que se extiendan a otras entidades de acción social. Por ello, la PTS elaboró un documento llamado 'Impacto de la Ley de Desindexación de la economía española y del Real Decreto que la desarrolla en las organizaciones del Tercer Sector de acción social en España y propuestas para su abordaje' en el que se analiza el problema y se plantean soluciones.

Este seminario virtual contó con una mesa en la que se expusieron las propuestas derivadas de este informe en el que se concluye que es esencial que se regule legalmente la viabilidad de la revisión periódica de los costes unitarios de los servicios o ante situaciones sobrevenidas no previstas en el inicio de la contratación o concertación del servicio, por razones de interés social.

En esta mesa participaron el comisionado de Sostenibilidad, Plataforma del Tercer Sector, Juan Antonio Segura; el gerente de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo; la gerente de Fiapas, Raquel Prieto; y el gerente del Centro Especial de Empleo de iniciativa social Coregal, Antonio Pena Seijo. El espacio fue moderado por Isabel Jiménez-Fresno.

Todos los ponentes coincidieron en la importancia de la negociación para reducir este impacto, advirtieron que esta situación compromete y pone en riesgo la atención que se presta a las personas y, además, lamentaron que el carácter esencial del Tercer Sector no se tenga en consideración con la Ley de Desindexación.

Las conclusiones y el acto de clausura corrieron a cargo de Pilar Villarino, quien se encargó de realizar un resumen de toda la jornada y de las principales reflexiones que han salido a la luz.