Según informó la plataforma, la actualización de esta norma, vigente desde 1985, constituye una de las “principales recomendaciones” del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad aprobado en 2023 y “aún pendiente de desarrollo”.

El ministerio inició en 2025 el proceso de renovación del Real Decreto mediante una consulta pública previa, si bien, transcurridos varios meses, no se ha producido el trámite de audiencia pública necesario para continuar con su tramitación.

El Cermi subrayó la necesidad de actualizar esta regulación, con más de cuatro décadas de vigencia, para adaptarla al marco actual de derechos recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en lo relativo al derecho al trabajo.

En este sentido, la entidad defendió que esta relación laboral especial debe configurarse desde una mayor protección de los derechos de las personas con discapacidad y advirtió de que, en ningún caso, “puede servir para justificar restricciones o limitaciones en su ejercicio”.