Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en una jornada organizada por el Cermi Castilla-La Mancha y dedicada a hacer una evaluación de la Ley 8/2021 en el quinto aniversario de su promulgación.

Para el presidente del Cermi, el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho a la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que fue trasladado al derecho nacional a través de la Ley 8/2021, es sin duda “una de las mayores conquistas del tratado internacional y uno de los aspectos más disruptivos y ambiciosos de la Convención”.

Por tanto, es el que ha encontrado más oposición y resistencias, pues es “extremadamente radical y transformador”. No obstante, España, con la Ley 8/2021, hizo un esfuerzo muy meritorio para proyectar en el ordenamiento jurídico los mandatos de ese artículo 12.

La Ley 8/2021 es “una buena norma, con aspectos mejorables”, que está encontrando dificultades en su aplicación. Por ello, a juicio del Cermi, el movimiento social de la discapacidad “debe convertirse en un resorte de movilización” de esta Ley, asumiendo y poniendo en práctica un programa de acción a escala de cada discapacidad y de cada territorio donde opera.

En su exposición, el presidente del Cermi estableció los contenidos e hitos de ese programa, emplazando a las organizaciones a “asumirlo con convicción y determinación”.