La medida incorpora una enmienda promovida por el Cermi y asumida por los grupos parlamentarios, que responde a una reivindicación histórica del movimiento de mujeres con discapacidad, especialmente de la Fundación Cermi Mujeres.

La organización recordó que la esterilización forzosa de personas con discapacidad dejó de ser legal en España en 2020, tras una reforma impulsada por la propia Fundación Cermi Mujeres, pero consideró que la eliminación de esta práctica “debe completarse ahora con medidas de reparación” para quienes la sufrieron, en su mayoría mujeres con discapacidad.

En virtud del nuevo mandato legal, el Ejecutivo dispondrá de un año desde la entrada en vigor de la reforma para remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que establezca el reconocimiento institucional de las víctimas, así como las medidas de reparación e indemnización correspondientes.

La Fundación Cermi Mujeres destacó que ya ha elaborado una propuesta articulada de esa futura norma y la ha trasladado a los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales para que pueda servir como “base en la elaboración del texto legislativo que deberá aprobar el Gobierno”.

La entidad consideró que esta futura ley permitirá cerrar “una etapa en la que la legislación española permitió una práctica que vulneró los derechos fundamentales de miles de personas con discapacidad” y avanzar hacia “el reconocimiento y la reparación de quienes fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento”.