Gallego compareció ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid, a petición de los grupos parlamentarios Popular, Más Madrid y Socialista, para trasladar las principales demandas del movimiento social de la discapacidad en la región.

Durante su intervención, defendió la necesidad de que la Comunidad de Madrid disponga “ineludiblemente” de una ley específica que garantice los derechos de las personas con discapacidad conforme a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que este año celebra el 20 aniversario de su aprobación.

La presidenta de Cermi Madrid alertó además sobre los retrasos existentes en el reconocimiento administrativo del grado de discapacidad y reclamó la eliminación de las listas de espera en Atención Temprana.

“Cada día de intervención temprana es una inversión de futuro”, afirmó Gallego, quien advirtió de que la falta de apoyos adecuados en las primeras etapas de la vida genera posteriormente “mayores necesidades educativas, sanitarias y de dependencia”.

En su comparecencia, también defendió la necesidad de garantizar la libertad de elección de las familias respecto a la modalidad educativa de sus hijos e hijas con discapacidad, asegurando que “esa decisión no esté condicionada por la falta de recursos y apoyos en los centros educativos”.

Asimismo, solicitó a la Asamblea madrileña que impulse una proposición de ley dirigida al Gobierno central para promover una norma estatal de reparación, reconocimiento e indemnización para las víctimas de esterilización forzada o no consentida.

Gallego recordó que en la Comunidad de Madrid residen más de 430.000 personas con discapacidad y subrayó la importancia de “avanzar hacia políticas públicas integrales y transversales” que garanticen la accesibilidad universal y la igualdad de derechos.

Los representantes de los grupos parlamentarios presentes en la comisión pusieron en valor la labor desarrollada por Cermi Comunidad de Madrid y coincidieron en señalar la necesidad de “reforzar las políticas de discapacidad en ámbitos como la Atención Temprana, la educación inclusiva o la agilización de los procedimientos administrativos” de reconocimiento de discapacidad.

Además, varios grupos incidieron en la conveniencia de impulsar una futura ley autonómica de discapacidad y avanzar en reformas normativas que refuercen la protección de derechos y la inclusión social de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid.