La jornada, bajo el título ‘Cómo avanzar en las políticas públicas de cuidados y apoyos desde una perspectiva de género, discapacidad, infancia y familias’, reunió a representantes institucionales, organizaciones sociales y expertas para analizar los retos actuales de los sistemas de cuidados y promover políticas públicas basadas en derechos humanos, accesibilidad, corresponsabilidad y vida independiente.

Durante la inauguración, la vicepresidenta de Fundación Cermi Mujeres, Ana Peláez, defendió que las familias y, especialmente, las mujeres cuidadoras, ocupen “un lugar central en las políticas públicas de discapacidad e igualdad”, al seguir asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado y apoyo a las personas con discapacidad.

En la misma línea, la vicepresidenta del Comité Español de Representantes de Personas Con Discapacidad (Cermi Estatal) y presidenta de Plena Inclusión, Carmen Laucirica, subrayó la necesidad de construir políticas que respondan a las necesidades reales de las familias y reivindicó que “una mujer tiene derecho a tener proyecto de vida”, también cuando desempeña responsabilidades de cuidado.

Por su parte, la directora general del Imserso, María Teresa Sancho, destacó que la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia avanza hacia “un modelo comunitario de apoyos y cuidados que permita a las personas permanecer en sus entornos habituales con los recursos necesarios para desarrollar una vida independiente”.

Asimismo, el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Celada, defendió que los cuidados deben abordarse desde un enfoque de derechos humanos que garantice tanto el derecho a recibir apoyos como el derecho a cuidar en condiciones dignas y con protección social suficiente. También alertó sobre “las desigualdades territoriales existentes en el acceso a recursos y servicios”.

La primera mesa de trabajo de la conferencia abordó el papel de las personas cuidadoras en las políticas públicas de apoyos y cuidados de larga duración. En ella participaron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Parlamento Europeo, que coincidieron en señalar que la economía de los cuidados constituye “uno de los grandes desafíos sociales y laborales de las próximas décadas”.

El consejero técnico de la Oficina de la OIT en España, Francisco Cano, defendió la vigencia del Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares como “instrumento para combatir la discriminación asociada a las tareas de cuidado y avanzar hacia una distribución más equitativa” de estas responsabilidades.

Por su parte, la eurodiputada Rosa Estarás reclamó “un mayor reconocimiento social y económico” de los cuidados, tanto remunerados como no remunerados, y destacó la importancia de la futura estrategia europea de cuidados para “garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad”.

Las intervenciones coincidieron en la necesidad de situar a las mujeres con discapacidad, a las madres cuidadoras y a las familias “en el centro de las políticas públicas de cuidados y apoyos”, impulsando un modelo basado en derechos humanos, corresponsabilidad y accesibilidad universal.