Según explicó Cermi Mujeres, en este manifiesto se alerta de que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan un “riesgo extremo y sistemático” de sufrir múltiples formas de violencia, especialmente en contextos cerrados como instituciones residenciales, centros de salud mental, centros educativos especiales o entornos familiares que dificultan la denuncia y favorecen la impunidad.

La entidad recordó que estas violencias permanecen a menudo invisibles debido al silencio de autoridades, profesionales y entornos cercanos, lo que perpetúa una situación de “desprotección estructural” de las mujeres con discapacidad.

El manifiesto detalla que la institucionalización, la ausencia de mecanismos seguros de denuncia y los prejuicios sobre la capacidad jurídica o la credibilidad de estas mujeres agravan su vulnerabilidad, generando una doble discriminación por razón de género y discapacidad.

Frente a esta realidad, la entidad reclama medidas inmediatas que incluyan la detección e investigación de todos los casos de violencia, la supervisión independiente de centros y servicios, la creación de canales accesibles y seguros para denunciar, la exclusión de procedimientos de mediación no adecuados y la formación específica para que las mujeres y niñas institucionalizadas puedan identificar y comunicar situaciones de maltrato o abuso.

También Cermi Mujeres señaló que es imprescindible reforzar las obligaciones de las Administraciones públicas y de todos los servicios dirigidos a personas con discapacidad, garantizando el adecuado cumplimiento de la normativa y la protección efectiva frente a cualquier forma de violencia.

La organización impulsará acciones de incidencia política, sensibilización y acompañamiento a víctimas, avanzando hacia un modelo de atención centrado en la dignidad, la autonomía y la seguridad de todas las mujeres y niñas con discapacidad

Además, la entidad reiteró que romper el silencio es una responsabilidad colectiva y que ninguna manifestación de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad puede quedar sin denuncia ni investigación ni reparación. Finalmente, Cermi Mujeres subrayó que garantizar una vida libre de violencias para todas es un deber democrático inaplazable y una exigencia que interpela al conjunto de instituciones y a la sociedad en su conjunto.