Esta fue una de las principales demandas planteadas durante el XXIX Conversatorio de Fundación Cermi Mujeres, celebrado en formato virtual en colaboración con la Asociación Alanna, que reunió a representantes del Gobierno, la judicatura y el movimiento feminista para analizar las garantías que debería incorporar la futura norma.

La delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de Fundación Cermi Mujeres, Sara de Torres Riveiro, advirtió de que las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad “pueden convertirse en instrumentos de violencia”. Entre otras situaciones, señaló la manipulación de tratamientos, la obstaculización del acceso a recursos educativos o terapéuticos y el control de productos de apoyo.

Por ello, reclamó que estas conductas se tengan en cuenta en la valoración del riesgo y en las medidas de protección, junto con la incorporación de criterios de accesibilidad universal, ajustes de procedimiento y formación especializada para los profesionales que intervienen en estos casos.

De Torres también defendió que se garanticen los apoyos necesarios para “escuchar de manera efectiva” a los niños y niñas con discapacidad y “evitar su victimización secundaria”. Asimismo, subrayó que la discapacidad no puede utilizarse “para restar credibilidad a una víctima ni para cuestionar, por sí misma, su capacidad para ejercer la maternidad”.

La presidenta de la Asociación Alanna, Chelo Álvarez Sanchís, centró su intervención en las madres con discapacidad y en las madres de hijos e hijas con discapacidad. En este sentido, alertó sobre la falta de datos que permitan conocer su situación y reclamó herramientas accesibles para “recoger información y servicios especializados que respondan a sus necesidades”.

Álvarez también cuestionó las situaciones en las que se recomienda a las mujeres alejarse del maltratador mientras determinados recursos mantienen la relación de sus hijos e hijas con el agresor sin garantizar su seguridad. Por ello, pidió “revisar las prácticas de protección” y atender también las situaciones de violencia que no cuentan con una sentencia, así como las barreras adicionales asociadas a la discapacidad.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, destacó la contribución del movimiento asociativo, las activistas y las madres protectoras al reconocimiento de la violencia vicaria. Asimismo, valoró que el proyecto de ley establezca “un marco para identificar este tipo de violencia y refuerce medidas como la suspensión de la patria potestad del agresor, la especialización judicial y la reparación para la infancia”.

Pérez Correa defendió además la formación interdisciplinar de los profesionales y apeló a los grupos parlamentarios para “alcanzar un consenso” que permita aprobar el texto durante la legislatura y responder así a la demanda social de una mayor protección.

Por su parte, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet valoró el tratamiento de la violencia vicaria mediante la agravante de género y lo vinculó con la jurisprudencia del alto tribunal sobre el daño causado a los hijos e hijas u otras personas del entorno de la mujer como “una forma de agresión dirigida contra ella”, con el objetivo de “castigarla y controlarla a través de sus vínculos afectivos”.

La vicepresidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, Altamira Gonzalo Valgañón, insistió en preservar esta conexión y alertó de las “dificultades para detectar la violencia en los procedimientos de familia”, especialmente cuando no existe una denuncia previa.

Gonzalo advirtió de las consecuencias que puede tener adoptar decisiones sobre custodia y régimen de visitas sin identificar previamente situaciones de control y violencia tras la ruptura. Para mejorar la detección y la protección, propuso incorporar indicadores y protocolos específicos.

Asimismo, valoró que el proyecto preste atención a la discapacidad y reconozca el derecho de la infancia a ser escuchada, aunque señaló que estas garantías “requieren medios materiales suficientes y una mayor comprensión de los efectos del trauma”.

La Fundación Cermi Mujeres defendió que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley incorpore los recursos, la formación y la coordinación institucional necesarios para garantizar una respuesta adecuada a las víctimas y su participación en los procedimientos, evitando que las decisiones sobre las relaciones familiares “puedan prolongar situaciones de control y daño”.