Peláez planteó esta demanda ante la Comisión de Igualdad del Senado, donde defendió la propuesta legal elaborada por FCM, que parte de los principios de “reparación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición”.

Entre otros puntos, se refirió a la necesidad de que las víctimas accedan a “medidas restitutivas como terapias médicas y psicológicas”, indemnizaciones que estimen el daño físico y moral causado, actos públicos de reparación, actuaciones para “buscar la verdad”, y el “compromiso institucional de no repetición”.

Así se recoge en el borrador de "Ley de reparación integral para las personas con discapacidad que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1989 y 2020, expuso, bajo cobertura legal del Código Penal español y, por tanto, con sentencia judicial”.

Peláez destacó que, “según datos fragmentarios del Consejo General del Poder Judicial, más de un millar de personas con discapacidad fueron esterilizadas solo entre 2005 y 2016”. Antes y después ubo muchas más, apuntó Peláez, y “la inmensa mayoría fueron mujeres y niñas”. Agregó que esta práctica afectó sobre todo a “personas con discapacidad intelectual y psicosocial, aunque no fueron las únicas”.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

A raíz de la actualización del Código Penal de 1989, la esterilización no consentida se permitió en el caso de las llamadas discapacidades psíquicas, explicó Peláez. Se exigía para ello una sentencia previa de incapacitación judicial y, tras la petición del tutor legal de la persona, un juez y un par de expertos médicos debían evaluar la situación del interesado y emitir un dictamen.

Con motivo de la reforma del Código Penal de 1995, esta dispensa se extendió a otras discapacidades, pero siempre vinculada al proceso de modificación de la capacidad jurídica. No fue hasta la Ley Orgánica 2/2020 –modificadora del Código Penal para prohibir las esterilizaciones sin consentimiento--, que España puso fin a “esta práctica nociva, violadora de los derechos humanos” y que “varios tratados internacionales han calificado como tortura”.

Además, prosiguió, en el caso de España “se daba el agravante de que estaban vinculadas a la incapacitación judicial”, posibilidad que desapareció con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

“Durante más de 30 años, mujeres y niñas en España han sido esterilizadas sin su consentimiento por motivo de su discapacidad y con el respaldo del poder judicial, es decir, del Estado”, denunció Peláez. De ahí su “responsabilidad clara e ineludible de reparación”.

PASO DECISIVO

“La ley que proponemos se centra exclusivamente en la reparación a víctimas esterilizadas por incapacitación a través de sentencia judicial”, es decir, entre julio de 1989 y diciembre de 2020, precisó.

De aprobarla, “España daría un paso decisivo y volvería a situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”. Se colocaría en la estela de países como Suecia, Holanda o Japón, que ya cuentan con este tipo de leyes. "Desafortunadamente, la esterilización de personas con discapacidad se ha dado en todos los lugares”, lamentó Peláez.

La propuesta de Cermi Mujeres también busca regular el contenido de las medidas simbólicas y materiales de reparación, así como la cuantificación de la indemnización monetaria, entre otras cuestiones de interés para un proceso de estas características.

Además, recoge una serie de medidas y salvaguardias para asegurar que son las víctimas quienes realmente disfrutan las indemnizaciones, detalló, y no las familias que, en muchas ocasiones, promovieron su esterilización.

DERECHOS VULNERADOS

Motivos como “el interés superior de la persona con discapacidad, decisiones médicas sin base científica, o el afán de prevenir abusos sexuales” fueron, según Peláez, los argumentos aducidos por jueces, profesionales médicos y familiares o tutores para impulsar las esterilizaciones forzadas.

“La verdad es que suponen una violación no solo de los derechos reproductivos de la persona con discapacidad”, estimó, sino también de “sus derechos económicos, civiles y sociales”. Así lo han concluido distintos organismos de derechos humanos, y subrayó la especial vulnerabilidad a la violencia sexual que enfrentan las mujeres esterilizadas.

Fundación Cermi Mujeres ya ha hecho llegar esta propuesta al Ministerio de Igualdad y en breve la presentará en el Congreso. Además, el 4 de junio se reunirá con el Ministerio de Derechos Sociales, y prevé más encuentros con responsables de Justicia y otras áreas implicadas. “Sabemos que es una ley que implica a distintos departamentos”, y apeló al consenso para sacarla adelante.

Todas las portavoces parlamentarias presentes en la Comisión se mostraron conformes con la propuesta, que consideraron “justa” y prometieron estudiar.

La iniciativa busca establecer legalmente un marco de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas desde la petición oficial de perdón por parte del Estado, la definición y categorización de la condición de víctima a efectos de esta ley y el procedimiento que debe seguirse para lograr el pleno resarcimiento, dentro de unos plazos marcados.

VÍCTIMAS QUE NO SABEN QUE LO SON

Preguntada sobre cuántas personas se beneficiarían de la ley, Peláez admitió que “este dato lo desconocemos”. “Muchas víctimas ignoran que fueron esterilizadas. Están excluidas, sin acceso a una información tan vital”. Por eso, celebrar un acto en el que se les pida perdón de forma oficial y prometerles reparación es “cuestión de justicia social”.

Además, razonó, una ley de este tipo “sería disuasoria y contribuiría a evitar las esterilizaciones no consentidas que, de otra manera, se siguen produciendo”.

Finalmente, Peláez acudió a la reforma del artículo 49 de la Constitución, que habla de la integridad física y moral de las personas con discapacidad y de la protección reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad. “Desde Cermi Mujeres apoyamos esta ley de reparación a todas esas víctimas que, hoy en día, siguen siendo invisibles para las políticas públicas y las leyes de nuestro país”.