Azúa, que asistió hoy a la jornada organizada por el CERMI y el IMSERSO para analizar el Real Decreto que regula la calificación del grado de minusvalía de los discapacitados, denunció que "se ha detectado cierta diversidad entre las comunidades autónomas a la hora de determinar el grado e minusvalía de una persona y la desigualdad territorial que se produce".

Por lo tanto, añadió Azúa, "es necesario cierta homologación para corregir estas situaciones de desigualdad que se da entre las diferentes comunidades autónomas, por lo que se requiere el establecimiento de un grado igual y mínimo para otorgar el certificado de minuvalía en toda España".

"A partir de este grado mínimo requerido para toda España, cada comunidad autónoma podrá rebajar o mejorar el grado de discapacidad para oorgar otros beneficios", añadió Paulino Azua.

El CERMI ha solicitado su incorporación a la Comisión Estatal de Aplicación de Baremos, petición que se incluye entre las recomendaciones que recogerá el Plan de Acción del CERMI para el próximo año.

Además, el CERMI solicita la revisión de algunos aspectos de los baremos actualmente vigentes, así como evitar la fragmentación de las condiciones de minusvalía para acceder a políticas de empleo.

Al acto de inauguración de este encuentro acudieron, ntre otros, el director general del IMSERSO, Alberto Galerón de Miguel, y el presidente del CERMI, Alberto Arbide.

El motivo de esta reunión tenía como objetivo analizar rigurosamente la aplicación que está teniendo la norma después de dos años de vida, extraer unas conclusiones, y presentárselas a las Administraciones.

El Real Decreto 1971/1999, que se aprobó el 23 de diciembre de 1999, tiene como objetivo la regulación del reconocimiento del grado de minusvalía, el establecimiento de nuevos barmos aplicables, la determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento y el procedimiento a seguir.