Según ha recordado el CERMI, esta proposición de ley extiende la aplicación del IVA de tipo superreducido a cualquier clase de vehículo a motor, adaptado o no adaptado, siempre que se destine habitualmente al transporte de personas con discapacidad usuarios de sillas de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de que sea o no la propia persona con discapacidad la que conduzca el vehículo.

La proposición se votará en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados el próximo día 15 de febrero y responde, según el CERMI, "a una muy antigua, sentida y generalizada petición del sector de la discapacidad".

Para las personas con discapacidad que presentan reducción de movilidad, el uso de vehículos a motor resulta esencial para llevar una vida normalizada y plenamente participativa, "por lo que los poderes públicos deben facilitar con ventajas fiscales la adquisición, adaptación y reparación de dichos vehículos", pide el citado comité.

Añade que muchas personas con movilidad reducida no pueden utilizar generalizadamente los transportes públicos por carecer de condiciones de accesibilidad, por lo que deben acudir necesariamente al transporte privado en su propio automóvil.

Otro aspecto digno de consideración para el CERMI es que una persona con discapacidad paga un 20 ó un 30% más, como media, del valor del vehículo que abona cualquier ciudadano, como consecuencia de las adaptaciones técnicas que debe realizar en su automóvil, por las que ha de pagar un tipo de IVA del 16%.

En atención a todas estas consideraciones, el CERMI solicita el voto afirmativo de los grupos parlamentarios del Congreso a la iniciativa legislativa de modificación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, una vez aprobada, como espera el sector de la discapacidad, "supondrá un avance más en el largo proceso de normalización y plena participación social de las personas con discapacidad".