La plataforma representativa de la discapacidad trasladó esta petición a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que este jueves dictaminará el proyecto de ley antes de su debate y votación en el Pleno del Congreso, “previstos para la próxima semana”.

El Cermi solicitó a los grupos parlamentarios que “respalden” las enmiendas presentadas para regular los aspectos jurisdiccionales del facilitador procesal, una figura destinada a prestar apoyo a las personas con discapacidad durante los procedimientos judiciales.

La entidad recordó que, aunque el facilitador procesal ya aparece mencionado en diversas normas, como la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todavía “carece de una regulación sustantiva que defina con claridad su estatuto jurídico, sus funciones y su ámbito de actuación”, lo que, a su juicio, “dificulta su desarrollo efectivo y limita su aplicación práctica”.

Según explicó el Cermi, las enmiendas permitirían establecer un marco jurídico básico común para esta figura en los distintos órdenes jurisdiccionales, que posteriormente podría ser desarrollado por las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, especialmente en los aspectos sociales y organizativos del apoyo.

La organización subrayó que la aprobación de estas modificaciones reforzaría uno de los aspectos “más decisivos” de la futura ley, al facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y garantizar una tutela judicial efectiva para las personas con discapacidad.

Asimismo, recordó que esta regulación responde a las obligaciones asumidas por España en virtud del artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de este colectivo a acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.