María Angeles Figueredo, vicepresidenta del CERMI, hizo hoy esta petición durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado, donde explicó la demandas de las personas discapacitads en el ámbito de la educación.

Figueredo, tras recordar que en España un tercio de las personas con discapacidad de entre 10 y 64 años no tiene estudios, destacó el convencimiento de esta organización de que la educación que se ofrezca hoy a los niño discapacitados condiciona y determina directamente su futuro personal, laboral y social.

Por ello, la vicepresidenta del CERMI comentó "los anhelos" de las organizaciones de discpacitados para que el Gobierno lo asuma en su Ley de Calidad, entre ellas, que la atención educativa a alumnos discapacitados no quede relegada a un segundo plano y que el principio de no discriminación quede recogido de modo inequívoco.

Ademas, el CERMI considera que la educación temprana debe aparecer en la futura Ley de Calidad como un compromiso que debe estar garantizado desde el mismo momento en que se detecta la presencia de una deficiencia que genera una necesidad especial.

Asimismo, proponen que el que texto recoja el drecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para su hijo con discapacidad, así como el centro educativo, y que la discapacidad del alumno o de algún miembro de la familia debe puntuar de forma preferente entre los criterios de admisión en centros públicos.

Figueredo subrayó que la futura Ley de Calidad debe prever medios didácticos, materiales, técnicos y humanos necesarios y suficientes para eliminar las barreras urbanísticas, arquitectónicas, del transporte, tecnológicas y de lacounicación, tanto para la accesibilidad al propio centro como para al acceso a los contenidos de la enseñanza.

Además, añadió, es preciso también la previsión de un Plan de Recursos Mínimos de apoyo a la integración educativa de los alumnos con discapacidad, entre ellos, el ajuste de ratios entre profesores, especialistas y alumnos.

Por otro lado, Figueredo exigió al Ejecutivo la constitución del Foro de Atención Educativa de las personas con discapacidad que se aprobó el 10 de febrero de 2000. "Apesar de las insistentes gestiones del CERMI", el foro no se ha constituido, concluyó.

Asimismo, instó a los senadores de la comisión a que intercedan para que las universidades, "salvo honrosas excepciones", cumplan la LISMI y los alumnos universitarios discapacitados no tengan que pagar matrícula.

En la misma comisión, el presidente del CERMI, Alberto Arbide, relató a los senadores "la radiografía general de la discapacidad en España" y que determina que la discriminación de las personas con dicapacidad persiste en áreas como la vivienda, la educación, el empleo, el acceso a los establecimientos públicos, la protección social y el transporte, entre otras cuestiones.

Ante esta situación, Arbide destacó algunas de las demandas de este colectivo como la no discriminación y la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras de todo tipo, el acceso a un puesto de trabjo, así como a la educación y una mejor fiscalidad.