Empleo
El Cermi pide a Función Pública ambición en el nuevo Real Decreto de acceso al empleo público de las personas con discapacidad
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ambición y un enfoque integral en la regulación del nuevo Real Decreto de acceso al empleo público de las personas con discapacidad, actualmente en trámite de audiencia pública y cuyo plazo para formular aportaciones permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre.
El nuevo Real Decreto sustituirá a la normativa vigente, aprobada en 2004, que cuenta ya con más de dos décadas de aplicación. Para el Cermi, la experiencia acumulada durante estos años evidencia la necesidad de acometer una profunda actualización y ampliación del marco regulador, adaptándolo a las nuevas necesidades y a la evolución de los derechos de las personas con discapacidad.
En su documento de alegaciones presentado durante esta fase de audiencia pública, el Cermi reclama que la futura regulación no limite su alcance al momento del acceso o ingreso en las Administraciones públicas, sino que contemple todas las etapas de la relación profesional de las personas con discapacidad con el empleo público.
A juicio del movimiento Cermi, la nueva norma debe adoptar un enfoque integral y transversal, que abarque, al menos, tres grandes momentos: la fase previa al proceso selectivo y de ingreso; el desarrollo de la carrera profesional una vez producido el acceso al empleo público; y las medidas de apoyo dirigidas a quienes adquieren una discapacidad sobrevenida después de su incorporación como empleados públicos.
El Cermi considera esencial que las garantías de igualdad y no discriminación y del deber de provisión de apoyos acompañen a la persona con discapacidad durante todo su itinerario profesional, evitando que el acceso a la función pública sea entendido como un momento aislado y desvinculado de las condiciones posteriores de desempeño, promoción y permanencia.
La futura regulación debe, por tanto, avanzar hacia un modelo que asegure no solo la posibilidad efectiva de acceder al empleo público, sino también el desarrollo profesional en condiciones de igualdad, la eliminación de barreras y los apoyos necesarios para garantizar la permanencia y la progresión profesional de las personas con discapacidad.
Para el Cermi, la revisión de una norma que lleva más de veinte años en vigor constituye una oportunidad para que el Gobierno impulse una regulación ambiciosa, actualizada y plenamente alineada con el enfoque de derechos humanos de la discapacidad, dando respuesta a las necesidades que la experiencia de estas dos décadas ha puesto de manifiesto.
(SERVIMEDIA)
28 Ago 2026
CLC/RIM
