La entidad realizó estas aportaciones en el marco de la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley, en la que valoró positivamente la iniciativa del Gobierno de regular por primera vez a nivel estatal las profesiones vinculadas a los servicios sociales, una demanda histórica del sector.

A juicio del Cermi, la ausencia de una normativa de este rango ha supuesto hasta ahora un déficit en el sistema de derechos sociales, especialmente para colectivos como las personas con discapacidad y sus familias, que requieren apoyos específicos para su inclusión.

Entre sus propuestas, la organización defendió la creación de un catálogo amplio, actualizado y flexible de profesiones sociales, que supere visiones tradicionales e incorpore nuevos perfiles profesionales con impacto en la inclusión.

"NUEVAS NECESIDADES SOCIALES"

Asimismo, planteó la necesidad de establecer mecanismos ágiles de actualización de este catálogo mediante desarrollo reglamentario, con el fin de “adaptarlo a las nuevas necesidades sociales sin necesidad de modificar la ley”.

El Cermi también reclamó que la futura norma contemple de forma expresa la situación de las personas con discapacidad que ejercen profesiones de servicios sociales, garantizando “la igualdad de trato y la no discriminación”.

En este sentido, propuso que se establezcan obligaciones para los colegios profesionales y sus órganos de representación para asegurar ajustes razonables y políticas que promuevan la igualdad efectiva, con especial atención a la perspectiva de género en el caso de las mujeres con discapacidad.

Con estas aportaciones, el Cermi busca que la futura ley contribuya a reforzar un sistema de servicios sociales más inclusivo, adaptado a la diversidad y orientado a garantizar derechos.