Así lo plantea en su documento de aportaciones al trámite de audiencia pública previa del anteproyecto de Ley de Gobierno Abierto, que promueve el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. Según el Cermi, “la consideración de la discapacidad debe ser parte integrante”.

Como cuestiones de más trascendencia, entre sus principales demandas el Cermi pide asegurar medidas de accesibilidad efectiva tanto en las opciones regulatorias como no regulatorias de la Administración Abierta.

A su juicio, la nueva legislación tiene que “promover una amplia participación ciudadana e instrumentalizar la canalización de las decisiones públicas, con enfoque inclusivo”. Esto “lleva consigo la necesidad de que toda comunicación ha de ser accesible”, y pidió que la Ley aga una mención específica a este aspecto para que “la ciudadanía pueda formar parte de la toma de decisiones públicas”.

El Cermi reclamó también que la futura ley genere “condiciones para la creación conjunta de políticas de inclusión y sociales, siempre con las asociaciones de las personas con discapacidad y sus familias”. “Esta garantía de participación significa que las entidades representativas de la discapacidad han de estar presentes en los órganos de supervisión y control que se creen para una Administración Abierta”, propuso.

Señaló que también la rendición de cuentas debe ser “inclusiva” y reclamó que se diseñen mecanismos de vigilancia en los que las entidades de personas con discapacidad puedan participar en la evaluación de políticas y servicios públicos. Finalmente, el Cermi propuso que se incluyan datos abiertos sobre programas, presupuestos y políticas dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias. El documento de propuestas del Cermi a este anteproyecto de ley ha sido elaborado por al Delegación de Gobierno Abierto de la entidad, al frente de la cual está Luis Javier Alonso.