A juicio del Cermi, España está muy lejos aún de haber asumido y establecido un sistema educativo acorde con los mandatos del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

En este sentido, el país "sigue presentando déficits estructurales y sistémicos en relación con la inclusión educativa", señaló en un comunicado. Asimismo, el comité denunció que "no existe un marco legislativo ni una acción política determinada que garantice una enseñanza auténticamente inclusiva con el alumnado con discapacidad". Indicó que esta situación perpetúa un modelo educativo incompatible con un enfoque exigente de derechos humanos que es preciso transformar desde la raíz.

Entre las principales deficiencias, el Cermi destacó las insuficiencias normativas ostensibles, los modelos periclitados y la ausencia de recursos materiales. A estas carencias se suma la falta de atención individualizada y la formación deficiente del personal docente en materia de atención a la diversidad.

Por otro lado, la entidad subrayó que los entornos educativos no son accesibles y que el acoso escolar se ha incrementado entre el alumnado con discapacidad. Por último, el Cermi reiteró que todos estos factores configuran "un panorama que exige una transformación urgente y profunda del sistema educativo español para garantizar los derechos de este colectivo".