La entidad presentó alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se determinan las especialidades de conocimiento a efectos del establecimiento de los perfiles de los concursos de plazas de profesorado universitario y de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado de las universidades públicas.

En sus observaciones, el Cermi consideró necesario que la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del proyecto incluya una referencia específica al posible impacto de la norma sobre el personal docente e investigador con discapacidad. Según la plataforma representativa de la discapacidad, la regulación puede afectar a aspectos esenciales de la carrera profesional universitaria, como la movilidad, la organización docente o la asignación de responsabilidades académicas.

El Cermi advirtió de que la aplicación práctica de los nuevos ámbitos y especialidades de conocimiento “no debe generar efectos rígidos o indirectamente excluyentes” para el profesorado con discapacidad. Por ello, solicitó que la norma y sus futuros desarrollos “se interpreten y apliquen conforme a los principios de igualdad de oportunidades”, no discriminación y accesibilidad universal.

Asimismo, la organización pidió que los criterios básicos que establezca el Consejo de Universidades para la adscripción de puestos de trabajo tengan en cuenta, cuando proceda, la situación del profesorado con discapacidad, evitando que determinadas adscripciones puedan dificultar su movilidad, continuidad docente, carrera profesional o participación en actividades académicas compatibles con sus capacidades y necesidades de apoyo.

El Cermi también planteó la conveniencia de valorar un reconocimiento más explícito de la discapacidad, la accesibilidad universal, la autonomía personal y la inclusión social dentro de la arquitectura de especialidades y ámbitos de conocimiento, dada su creciente relevancia interdisciplinar en disciplinas sociales, jurídicas, sanitarias y educativas.

La entidad subrayó que no pretende incorporar una regulación exhaustiva sobre ajustes razonables o adaptación de puestos de trabajo en este Real Decreto, ya que estas cuestiones encuentran mejor acomodo en otras normas universitarias y laborales. No obstante, consideró imprescindible que el texto final “deje constancia de que la organización académica derivada de la norma deberá aplicarse de manera compatible con los derechos de las personas con discapacidad”.

Por último, el Cermi solicitó al órgano promotor del proyecto que valore la incorporación de las observaciones formuladas para garantizar que “la futura regulación universitaria no produzca efectos discriminatorios sobre la movilidad, la carrera profesional o el desempeño docente e investigador del profesorado con discapacidad”.