Según informó este jueves la plataforma representativa de la discapacidad, las propuestas parten de un enfoque de derechos humanos y de los principios de dignidad, autonomía, igualdad y no discriminación, accesibilidad universal, diseño universal, ajustes razonables, participación e inclusión social. El Cermi recupera además planteamientos formulados durante la fase de anteproyecto que “no fueron incorporados al texto” remitido por el Gobierno a las Cortes.

Entre sus propuestas, la entidad reclamó que la nueva regulación “incorpore expresamente” como “referencia” la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y refuerce la perspectiva de género y discapacidad, con especial atención a las situaciones de discriminación múltiple e interseccional que afectan a mujeres y niñas con discapacidad.

El Cermi planteó asimismo que la información necesaria para prestar consentimiento se facilite “con antelación suficiente, en condiciones de accesibilidad universal, en formatos comprensibles y mediante los sistemas y apoyos a la comunicación que precise cada persona”. También pidió “reforzar las garantías” para que estos apoyos respeten en todo momento la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona.

En materia de intimidad, las enmiendas incluyen la protección expresa de los datos relacionados con la discapacidad, la salud, las necesidades de apoyo, la dependencia o la institucionalización, así como de la información conocida en ámbitos sociales, sanitarios, educativos, laborales, residenciales o de apoyo.

La organización solicitó además “considerar lesivas de la dignidad” las expresiones, representaciones o actuaciones que impliquen “humillación, ridiculización, cosificación, deshumanización o difusión de estereotipos degradantes por razón de discapacidad, sexo u otras circunstancias personales o sociales”.

Otra de las modificaciones planteadas busca impedir que la existencia formal de consentimiento legitime el uso de la imagen o la voz de una persona con discapacidad cuando “este se haya obtenido mediante información no accesible, engaño, abuso de una relación de poder, influencia indebida o aprovechamiento de una situación de especial vulnerabilidad”.

En relación con la caricatura y la parodia, el Cermi planteó que su utilización “no quede amparada cuando constituya un trato degradante, humillación, incitación al odio o discriminación”, o cuando “se base en la ridiculización de la discapacidad, el sexo u otras circunstancias personales o sociales”.

Las enmiendas también incorporan propuestas relacionadas con los contenidos sintéticos, manipulados o generados mediante inteligencia artificial. En concreto, el movimiento asociativo de la discapacidad reclamó que, cuando estos puedan inducir a error sobre su autenticidad, “se informe de forma clara, visible, comprensible, persistente y accesible” de que “han sido generados o manipulados artificialmente”.

En materia de acceso a la Justicia, la entidad pidió que se garanticen la accesibilidad universal, los ajustes de procedimiento, la comunicación accesible y la participación efectiva de las personas con discapacidad. También planteó que las rectificaciones, publicaciones de sentencias, comunicaciones de retirada y demás medidas de reparación se difundan en condiciones de accesibilidad universal.

Por último, el Cermi propuso introducir nuevos criterios para “valorar el daño moral”, entre ellos la existencia de motivación discriminatoria, la discriminación múltiple o interseccional, el abuso de relaciones de poder, dependencia, cuidado o apoyo, las barreras de accesibilidad o comunicación, la revictimización y la especial intensidad de la difusión mediante sistemas automatizados, recomendación algorítmica o generación sintética de contenidos.