Según informó el movimiento asociativo de la discapacidad, la decisión coincide con la entrada en vigor este jueves del Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, que regula las relaciones entre los grupos de interés y la Administración General del Estado y su sector público institucional, y crea un registro de inscripción obligatoria.

El Cermi consideró que el nuevo marco “mejora la transparencia y la trazabilidad de la interlocución entre las organizaciones sociales y las administraciones públicas”, al tiempo que reconoce la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas y decisiones públicas.

Por ello, la plataforma formalizará su inscripción como grupo de interés representativo del movimiento social de la discapacidad, una decisión que permitirá hacer más visible su labor de representación e incidencia política y legislativa en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

El Registro de grupos de interés será público, gratuito y de funcionamiento íntegramente electrónico. Estará gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y deberá cumplir los requisitos de accesibilidad universal para que pueda ser utilizado de forma autónoma, entre otras personas, por las personas con discapacidad y mayores.

Entre otros datos, el registro recogerá información sobre las organizaciones inscritas y sus representantes, las fuentes de financiación, las actividades de influencia desarrolladas y las reuniones, comunicaciones y documentos intercambiados con responsables públicos. También incluirá mecanismos de seguimiento y control y exigirá la aceptación de las normas de conducta previstas en la regulación.

El Cermi iniciará ahora los trabajos necesarios para reunir la documentación y presentar su solicitud, reafirmando su compromiso de desarrollar su labor de representación e incidencia pública con transparencia, responsabilidad e integridad.