Así lo planteó la organización en un documento de propuestas de enmiendas, remitido a los grupos parlamentarios, a la proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley del Poder Judicial para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España, que se tramita en el Congreso de los Diputados.

El Cermi recordó que “son crecientes los pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, de los que España forma parte”. Estos amparan a las personas que vieron vulnerados sus derechos en esos textos y, “a pesar de lo cual, carecen de procedimiento, jurisdiccional o administrativo, para hacerlos efectivos en España”, señaló el Cermi.

Además, la entidad afirmó que, “así, estas personas quedan desprotegidas a pesar de contar con una decisión favorable a sus derechos”.

Igualmente, “ante este vacío legal”, el Cermi propuso al Parlamento que en la iniciativa legislativa en curso subsane este déficit normativo y que se prevean los mecanismos “adecuados” para que estas decisiones de órganos internacionales tengan “la debida traducción en el Derecho nacional”, explicó el comité.

En este sentido, el Cermi también hizo hincapié en que los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo los que tienen dispositivos de reclamación y denuncia abiertos a particulares, deben contar con procedimientos internos que les den efectividad, “que es un aspecto que la legislación española vigente no reguló”, detallaron desde la organización.

Por ello, “para paliar esta laguna legal”, el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad, elaboraron una propuesta de modificación normativa en este sentido que hicieron llegar a los Ministerios de Justicia, Exteriores y Derechos Sociales, pero hasta el momento no hubo respuesta por parte de estos.

De igual forma, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia y concedió efectividad a estos pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados, “pero sigue estando ausente el soporte legal”, concluyó el Cermi.