Según informó este miércoles el Cermi, ha trasladado "formalmente" esta petición a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, recordando que el grupo de trabajo constituido entre la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y el propio Cermi "comenzó su labor en 2025 con un ritmo adecuado y un elevado grado de consenso entre las partes".

"Fruto de ese trabajo compartido, llegó a iniciarse el proceso del nuevo real decreto (mediante el trámite de consulta previa), si bien en los últimos meses el proceso ha quedado detenido, sin nuevos avances ni convocatorias, pese a la necesidad ampliamente reconocida de actualizar la normativa vigente", explicó el Cermi.

La regulación actual del acceso de las personas con discapacidad al empleo público data de 2004, por lo que acumula más de veinte años de vigencia. En este periodo "se han producido profundos cambios normativos, sociales y administrativos que hacen imprescindible una revisión en profundidad del marco reglamentario, con el fin de responder adecuadamente a las expectativas de acceso, permanencia y promoción profesional de las personas con discapacidad en el sector público", añadió el Cermi.

El Cermi subrayó que "un nuevo real decreto, actualizado y ambicioso, constituye una herramienta clave para avanzar de forma efectiva en la inclusión laboral de las personas con discapacidad y para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación en el empleo público". Además, reiteró su plena disposición a colaborar activamente en la reanudación de los trabajos y "confía" en que, desde la Secretaría de Estado de Función Pública, se den "las instrucciones necesarias para retomar la tramitación del nuevo texto reglamentario y culminar su aprobación en los próximos meses".