La demanda se produjo en el transcurso de la jornada sobre la protección a las personas dependientes, personas con discapacidad y su inclusión social, organizada por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESS), celebrada en Madrid en la sede del Consejo Económico y Social ayer jueves, según informó el Cermi.

La jornada, convocada con motivo del vigésimo aniversario de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, reunió a responsables institucionales, especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expertos en políticas públicas para analizar críticamente el balance de estas dos décadas y las perspectivas de reforma del sistema, añadió el comité.

En la mesa redonda dedicada a las claves para una reforma eficaz del sistema, intervino el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Cermi Estatal, Gregorio Saravia Méndez, quien realizó "un diagnóstico riguroso del estado actual de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, formulando propuestas concretas para su fortalecimiento".

Saravia subrayó que, pese a los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Ley 39/2006, "el sistema continúa en una situación de extrema precariedad, sin haberse desarrollado conforme a las previsiones legales", añadió el Cermi. "A su juicio, el modelo aplicado ha estado más orientado a una lógica de dependencia pasiva que a la promoción real de la autonomía personal y la vida independiente, con un despliegue prácticamente inexistente de la asistencia personal, miles de personas en listas de espera, una burocratización asfixiante y una financiación estructuralmente insuficiente", subrayó el comité.

INCLUSIÓN Y DESINSTITUCIONALIZACIÓN

El representante del Cermi situó en el centro del debate el Proyecto de Ley de reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la propia Ley 39/2006, "cuya tramitación parlamentaria, debe servir para reforzar el alcance transformador del texto mediante enmiendas que consoliden un auténtico enfoque de derechos humanos". En este contexto, destacó la "necesidad de definir con claridad conceptos como inclusión, desinstitucionalización, ajustes razonables o capacitismo, a fin de que tribunales y administraciones interpreten la normativa desde el modelo social de la discapacidad". También la "incorporación de un tratamiento específico de la salud mental que limite las contenciones mecánicas y los internamientos involuntarios a supuestos estrictamente excepcionales".

Entre las medidas más relevantes del proyecto normativo, Saravia resaltó la regulación de la asimilación automática de las personas en situación de dependencia a la condición de personas con discapacidad en determinados porcentajes (33 % para el grado I y 65 % para los grados II y III), evitando "que quienes ya tienen reconocido un grado de dependencia deban iniciar un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad". Esta medida, "largamente demandada por el sector social de la discapacidad, contribuirá a reducir cargas administrativas y las listas interminables de espera", detalló el Cermi. De igual modo, pidió "que esta asimilación comprenda también las ventajas fiscales, omisión presente en el proyecto de Ley que el Cermi ha criticado".

RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL

Asimismo, defendió la necesidad de eliminar las barreras legales que impiden la generalización de la prestación de asistencia personal, proponiendo que se reconozca por ley una relación laboral de carácter especial entre la persona con discapacidad o en situación de dependencia y su asistente personal, con el correspondiente desarrollo reglamentario.

Saravia reclamó también "la garantía legal del derecho al uso de productos de apoyo y ayudas técnicas como parte esencial de la autonomía personal y la participación en la comunidad".

El Cermi detalló que su intervención se enmarcó "en un contexto simbólico relevante, al coincidir en 2026 el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con los veinte años de la Ley de Dependencia". Para el movimiento social de la discapacidad, "este doble aniversario debe servir de impulso para consolidar marcos normativos y presupuestarios suficientes que garanticen la autonomía personal, la inclusión social y la igualdad efectiva de derechos de las personas con discapacidad en España", concluyó.