Coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que se celebrará este domingo, la plataforma representativa de la discapacidad defendió que el consumo inclusivo constituye un derecho esencial para “la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación plena en la vida social y económica” de las personas con discapacidad.

En este sentido, el Cermi subrayó que garantizar la accesibilidad a bienes y servicios no es una cuestión accesoria, sino “un elemento central para hacer efectivos los derechos reconocidos” en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La entidad destacó que 2025 supuso un avance relevante en esta materia con la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una norma demandada desde hace años por el movimiento social de la discapacidad.

Según explicó la vicepresidenta del Cermi y presidenta de su Comisión de Consumo Inclusivo, Imelda Fernández, esta ley introduce medidas como el derecho a recibir atención por una persona física y no exclusivamente automatizada, la obligación de garantizar “la accesibilidad universal en todos los canales de atención” y la incorporación de “formatos accesibles y apoyos a la comunicación”.

Entre estos apoyos figuran la lectura fácil, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (SAAC), la videointerpretación en lengua de signos o el subtitulado, además de la atención prioritaria a personas con discapacidad y mayores, la formación obligatoria del personal y un régimen sancionador reforzado ante incumplimientos.

Fernández señaló que la norma supone “un paso decisivo hacia la humanización de la atención al cliente y la eliminación de barreras que durante años han limitado el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”.

No obstante, el Cermi advirtió de que el reto inmediato es garantizar “un desarrollo reglamentario ambicioso” y una “aplicación efectiva de la ley para que sus avances se traduzcan en mejoras reales” en la experiencia de las personas consumidoras.

La organización alertó también de que el actual contexto parlamentario ha ralentizado la tramitación de normas clave para consolidar un modelo de consumo inclusivo, accesible y sostenible.

Entre ellas citó la ley que creará la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, la ley de protección de menores en entornos digitales y la ley de acciones colectivas, todas ellas consideradas fundamentales para reforzar la protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el Cermi instó al Gobierno a desarrollar reglamentariamente la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que establece la “obligación de garantizar un etiquetado accesible en los productos de consumo”.

En este sentido, la entidad reclamó la aprobación del Real Decreto de Etiquetado Accesible que concrete obligaciones claras en materia de accesibilidad de la información sobre productos, incluyendo sistemas como el braille, la lectura fácil, los pictogramas o soluciones digitales accesibles.