La entidad reclamó acelerar la tramitación del real decreto necesario para incorporar esta normativa al ordenamiento jurídico español y defendió que España debería “aspirar a ser el primer país de la Unión Europea en completar este proceso”.

Según recordó el Cermi, la consulta pública previa del proyecto normativo se cerró el 24 de enero de 2025, sin que desde entonces se hayan producido avances en fases posteriores como la audiencia pública sobre el texto articulado.

La organización advirtió de que esta demora “impide culminar un proceso en el que España ejerció un papel destacado durante la negociación de la directiva en el ámbito europeo”, en buena medida gracias al impulso del movimiento asociativo de la discapacidad.

Por ello, instó al ministerio competente a “imprimir mayor celeridad a los trámites pendientes” con el fin de “garantizar la implantación efectiva de estas tarjetas”, que facilitarán el reconocimiento de derechos y la movilidad de las personas con discapacidad en el conjunto de la Unión Europea.