La Ley 1/2026, de 8 de abril, culmina el proceso legislativo de reforma de varias normas clave, como la Ley de Economía Social de 2011, la Ley de Cooperativas y la Ley de Empresas de Inserción, con el objetivo de “modernizar este modelo económico centrado en las personas”.

Desde el Cermi destacaron que la norma incorpora avances “relevantes para el ámbito de la discapacidad”, promovidos junto a Feacem. Entre las principales novedades, la ley establece que solo los centros especiales de empleo de iniciativa social y carácter no lucrativo tendrán la consideración legal de entidades de la economía social, lo que excluye a aquellos con ánimo de lucro y clarifica su encaje dentro del sector.

Asimismo, la norma reconoce a la ONCE como “entidad singular de la economía social y del tercer sector” de acción social, además de considerarla entidad colaboradora de la Administración General del Estado. Con esta reforma, la economía social refuerza su marco jurídico y su papel en la inclusión y la cohesión social.