El proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros, promovido conjuntamente por los ministerios de Trabajo y Economía Social, Hacienda y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desarrolla las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público y pretende consolidar la contratación reservada como “instrumento de inclusión laboral”.

La reserva se calculará como promedio anual sobre el precio de adjudicación de los contratos formalizados en los tres ejercicios anteriores, correspondientes a los servicios y suministros incluidos en el anexo del acuerdo. Podrá aplicarse tanto a contratos completos como a uno o varios de sus lotes.

El ámbito de aplicación comprende actividades como limpieza, recogida y reciclaje, lavandería, hostelería, transporte, imprenta, servicios sociales, almacenamiento y reparto, trabajos administrativos, mantenimiento, gestión de residuos, diseño gráfico, comunicación y formación profesional y ocupacional, entre otras.

La iniciativa contempla también medidas para mejorar la planificación y la eficacia de estas reservas. Los contratos deberán figurar en los planes anuales de contratación, con indicación de las fechas aproximadas de licitación, y los órganos de contratación tendrán que promover su difusión entre las entidades potencialmente interesadas.

Asimismo, el proyecto prevé acciones de formación y sensibilización dentro de las administraciones públicas, así como una evaluación anual del cumplimiento de la reserva a partir de los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para coordinar la aplicación de la medida, se creará un grupo de trabajo con representación de los tres ministerios implicados, encargado de favorecer el intercambio de información y el impulso de la contratación reservada. El acuerdo será aplicable a partir del ejercicio siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Cermi consideró que la contratación pública socialmente responsable constituye “una herramienta estratégica para avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo” y reconocer la contribución de las empresas sociales que generan oportunidades de empleo para personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.