La información fue expuesta por el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante una reunión de la Conferencia Cermi Territorios, en la que se repasaron los principales avances normativos y las estrategias de incidencia política del movimiento social de la discapacidad.

Pérez Bueno destacó como principal hito legislativo la constitución esta misma semana de la ponencia parlamentaria encargada de debatir las enmiendas al proyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y de autonomía personal y atención a la dependencia, una iniciativa que el Cermi considera “la gran apuesta normativa de la legislatura”.

Según explicó, el texto entra ahora en una fase decisiva de negociación parlamentaria y podría completar su tramitación antes de final de año.

El presidente del Cermi informó también sobre otras iniciativas legislativas en marcha, entre ellas la proposición de ley destinada a endurecer las sanciones por incumplimiento de la cuota de reserva del 2% de empleo para personas con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores, así como otra orientada a elevar la gravedad de las infracciones por estacionamiento indebido en plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

En el ámbito reglamentario, el Cermi señaló que el reglamento de Accesibilidad Cognitiva se encuentra ya en el Consejo de Estado y podría aprobarse antes de que concluya el verano, culminando así el desarrollo normativo de esta materia.

Asimismo, se abordó el estado de otros textos relevantes, como el Real Decreto regulador de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, el desarrollo de la tarjeta europea de discapacidad y estacionamiento, el futuro reglamento sobre etiquetado inclusivo y la actualización del Real Decreto de acceso al empleo público de personas con discapacidad, vigente desde 2004.

Durante la reunión, el Cermi también informó de las acciones que estudia emprender frente al copago en dependencia, tras recientes sentencias del Tribunal Supremo que cuestionan la configuración jurídica actual de este sistema.

En este contexto, la entidad está identificando casos en distintas comunidades autónomas para impulsar actuaciones coordinadas de litigación estratégica en defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias.