Este juicio positivo, emitido en un dictamen por parte de la institución dirigida por Antón Costas, responde a la importancia de priorizar, organizar y respaldar iniciativas de inversión que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo de calidad, el fortalecimiento de la competitividad, así como a la seguridad económica y la autonomía estratégica de España, especialmente ante el actual escenario geopolítico caracterizado por tensiones comerciales y tecnológicas.

Sobre la falta de participación institucional de los agentes económicos y sociales en el Comité, y teniendo en cuenta que los Proyectos Estratégicos de Inversión afectarán previsiblemente a la estructura productiva, a la localización territorial, al acceso a los recursos y al empleo, el CES piensa que la participación institucionalizada y permanente de los agentes económicos y sociales en un órgano cuyo fin es orientar la inversión estratégica es “vital” para asegurar que esta tenga un impacto real en el tejido productivo.

El CES también considera necesario recordar la importancia de la cooperación y colaboración del Comité con las comunidades autónomas, especialmente con aquellas afectadas por un determinado PEI. Además, señala que el Proyecto “no ofrece ninguna fórmula concreta sobre cómo valorar el impacto socioeconómico y el fomento de la cohesión territorial, cuando es uno de los posibles elementos sobre el que fundamentar la declaración definitiva del PEI”.

Por otro lado, y a juicio del CES, este proyecto de Real Decreto adolece de cierta concreción en su desarrollo. Es el caso de los criterios prioritarios para la declaración previa de Proyectos Estratégicos de Inversión, que se refieren a un volumen de inversión relevante o un volumen de empleo altamente cualificado relevante o significativo, referencias que, por un lado, son poco concretas o de difícil cuantificación y, por otro lado, son cuestionables como único determinante del carácter estratégico de un proyecto de inversión.

Sobre los efectos derivados de la declaración del PEI, para el Consejo es llamativo el hecho de que el articulado no incluye disposiciones sobre los efectos derivados de la declaración de Proyecto Estratégico de Inversión, pese ser parte del objeto del proyecto La futura norma solo hace referencia a los efectos derivados de la declaración de los PEI al describir las funciones del Comité de Inversiones Estratégicas, a quien otorga la potestad de proponerlos.

En relación con el análisis de impacto, la MAIN declara que el proyecto de Real Decreto tiene un “impacto nulo” en materia de género, sobre la familia, la infancia y la adolescencia, o por razón de cambio climático, y ausencia de otros impactos considerados, lo que, en opinión del CES, contrasta con lo recogido en la Exposición de Motivos de la futura norma, donde se indica que ante el aumento de la demanda de proyectos de inversión “se ha identificado la necesidad de priorizar aquellos con mayor impacto económico, social y ambiental”.

Sobre los medios materiales y personales, el CES considera que las funciones atribuidas al futuro Comité son “complejas” y “de calado”, por lo que se debe garantizar la suficiencia presupuestaria y la eficacia en la gestión de recursos para que la norma atienda a sus objetivos.