La portavoz de EA en el Congreso, Begoña Lasagabáster, manifesó hoy que "durante la intervención del titular de Defensa ante la Comisión correspondiente del Congreso, en abril del pasado año, Serra, esgrimiendo razones relacionadas con la seguridad del Estado, concedía al Cesid la decisión de evaluar o controlar el principio de proporcionalidad entre los derechos. Una responsabilidad", destacó la diputada de EA, "que la legislación vigente sólo deposita en los jueces y magistrados".

"La propia Justicia", agregó Lasagabáster, "ha sido muy clara respecto a los cass que afectan al artículo 18.3 de la Constitución, en el que queda establecida claramente y sin duda alguna la protección del secreto de las comunicaciones".

"Precisamente", resaltó la diputada de EA "el Tribunal Supremo señaló el pasado 8 de febrero en una sentencia que 'a los jueces corresponde la función de garantizar los secretos de los ciudadanos, ponderando en cada caso, cuándo éstos deben ceder ante otros intereses legítimos".

Por otra parte, subrayó, "la reciente sentencia de la sección dcimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid sobre las escuchas ilegales del Cesid ha señalado que 'no cabe postular en términos de Constitución y de derecho un género de seguridad de Estado que se funda en la masiva violación del derecho de los ciudadanos a disfrutar de intimidad comunicándose sin interferencias ilegítimas, derecho que es coesencial e inescindible de la libertad personal".

En opinión de la diputada de EA, "esta posición, exenta de ambigüedad, desmonta la tradicional teoría de la rzón de Estado que, en virtud de una regla no escrita y de oscura fuente estaría destinada a prevalecer sobre las normas consagradas en un Estado constitucional de Derecho".