"La lucha contra cualquier tipo de delitos debe hacerse solamente en el marco de la Constitución y el sistema de libertades", señaló Carmona a Servimedia, "y no sería coherente llevarse por delante principios básicos del Estado de derecho la para defender la democracia. Atacarla Constitución con la excusa de defenderla sería un contrasentido".

En ese sentido, el portavoz de JpD explica que la Constitución prevé que, "con la necesaria intervención judicial, del juez ordinario, y un adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidas algunas garantías, como la inviolabilidad del domicilio, en relación con investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas".

A su juicio, "todo lo que se pueda hacer en el marco de este artículo tendría un respaldo constiucional. Existe ya una posibilidad prevista en la ley que no hay razón alguna para modificar, y este sistema de equilibrios no se puede alterar alegremente".