En un Pleno extraordinario que se prolongó durante casi tres horas, todos los integrantes del CGPJ consensuaron un texto en el que señalan que “el hecho de que las manifestaciones realizadas por los diputados y diputadas en el libre desarrollo plural de una sesión parlamentaria se encuentren especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a su actuación”.

Recuerda el Consejo que la tramitación de la ley de amnistía, que finalmente no fue aprobada por el Congreso, ha venido precedida de un intenso “debate social y parlamentario” en el que se profirieron acusaciones de ‘lawfare’ “contra miembros del Poder Judicial sobre lo que ya se pronunció en el Pleno del 21 de diciembre de 2023.

El Pleno del CGPJ rechaza “con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del Poder Legislativo”, al tiempo que manifiesta que “seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles”.

Y añaden que “debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial”.

Los vocales entienden que “el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los Poderes del Estado. Como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos 'ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas’, recordando también que las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo” y que “existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte”.

Así, reiteran que la independencia judicial es una “pieza clave del Estado de Derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los Poderes del Estado”.

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, convocó el Pleno que había sido solicitado por los nueve vocales del bloque conservador del CGPJ: José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Wenceslao Olea, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart, Nuria Abad y María Ángeles Carmona.

Estos vocales querían que el CGPJ hiciera un “pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas el 30 de enero, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la señora presidenta” de la Cámara, Francina Armengol.

Durante el Pleno de la Cámara Baja, diputados de Junts, de Podemos y de Sumar hicieron referencia al magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el ‘procés’; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que ha imputado a Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga las conexiones entre los independentistas y las autoridades rusas.

En concreto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de “jueces prevaricadores”, mientras que la parlamentaria de Podemos Martina Velarde advirtió sobre una “ofensiva judicial salvaje” contra la ley de amnistía colocando a Garcia-Castellón en el “sector reaccionario judicial”. Además, Gerardo Pisarello (Sumar) lanzó dudas sobre “un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal” en el ‘caso Kitchen’, en referencia al instructor del caso Tsunami. También señalaron a algunos jueces los portavoces de ERC y de EH Bildu.