Según informó el CGPJ, esta decisión se adoptó tras constatar que el tiempo medio de respuesta de estos órganos se ha elevado hasta los 16,2 meses en el primer trimestre de 2026.

El acuerdo se adoptó a la vista de un primer informe del Servicio de Inspección que constata un incremento de los tiempos de respuesta en la jurisdicción social al comparar el primer trimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, un deterioro que afecta tanto a las plazas con ejecución como a las que carecen de ella.

El órgano de gobierno de los jueces precisa que ese eventual reforzamiento se tramitaría "siguiendo los trámites del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial" (LOPJ), el precepto que regula la adopción de medidas de apoyo en los órganos que acumulan pendencia o un volumen de asuntos superior al que pueden absorber con sus medios ordinarios.

Los datos del informe explican el encargo. En los órganos sin ejecución, el tiempo de respuesta pasó de 13 a 16,2 meses entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026, mientras que en las plazas con ejecución se elevó de 10,8 a 13,3 meses. Son 3,2 y 2,5 meses más, respectivamente, en solo un año.

98.002 ASUNTOS

El Servicio de Inspección subraya además que la situación de las secciones de lo Social de los tribunales de Instancia, a nivel nacional y en su conjunto, "está fuertemente condicionada por la elevada carga de trabajo". Solo en el primer trimestre de 2026 el número de asuntos ingresados ascendió a 98.002, una cifra que equivale al "149 % del indicador de entrada fijado por el CGPJ".

Dicho de otro modo: la entrada real de pleitos supera en casi la mitad el volumen que el propio Consejo toma como referencia de carga asumible para estos órganos. Ese desfase, sostenido en el tiempo, es el que la Comisión Permanente quiere localizar sección por sección antes de decidir dónde concentrar los apoyos.

El encargo al Servicio de Inspección no se agota en el refuerzo. En el informe que emita deberá valorar también la posible especialización de plazas judiciales de estas secciones en ejecución, "como sucede en los Tribunales de Instancia de Barcelona o Valencia", al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 de la LOPJ, que permite atribuir a determinadas plazas clases concretas de asuntos.

Esa especialización podría extenderse asimismo a "otras clases de asuntos", según el acuerdo. Para calibrarla, el Servicio de Inspección deberá tener en cuenta las plazas de nueva creación y su entrada en funcionamiento previstas en el Real Decreto 559/2026, que amplía la planta de la jurisdicción social en los próximos meses.

46 PLAZAS EN 2027

Ese real decreto incluye 46 plazas en Secciones de lo Social de Tribunales de Instancia, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al número actual. Todas ellas entrarán en funcionamiento a lo largo de 2027, de modo que el alivio que puedan aportar no se notará en el ejercicio en el que se ha detectado el aumento de las demoras.

El porcentaje permite situar la planta actual de estas secciones en torno a las 400 plazas, a las que se sumarían las 46 previstas. El calendario explica por qué la Comisión Permanente opta ahora por la vía del refuerzo y de la especialización, herramientas de efecto más inmediato que la creación de nuevos órganos.

Con este acuerdo, el Servicio de Inspección deberá elaborar un informe que combine ambos análisis: el mapa de las secciones con mayor pendencia o retraso en los señalamientos y la conveniencia de especializar plazas. A la vista de sus conclusiones, la Comisión Permanente resolverá si activa las medidas de refuerzo previstas en la ley.