La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, plantó sus quejas al órgano de gobierno de los jueces y pidió la apertura de un expediente disciplinario contra el magistrado titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.

La denuncia recoge las manifestaciones hechas por el juez en 2026, en las que afirmaba que “se ha otorgado tantas ventajas a una mujer para interponer denuncia… Se le da asistencia jurídica gratuita aunque tenga un millón de euros en la cuenta, se le da abogado de oficio según entra. ¿Pero qué pierde?, ¿Pero qué pierde?”. El magistrado hizo estas manifestaciones un día después de que la presunta víctima del jefe policial testificara ante él.

En su intervención, el instructor de la causa del exDAO aseguró que las mujeres van “a la caza de la orden” de protección y dijo sentirse enfadado “porque muchas de ellas se ve enseguida que no tienen demasiado sentido. Eso se ve porque se intenta forzar una vía, ¿Si yo voy a tardar 24 horas en obtener una orden de protección, por qué voy a esperar meses?”.

El juez añadió que las mujeres son “enemigas acérrimas de la guarda y custodia compartida” por el “factor económico”, dando a entender que “se piensan que con la guardia y custodia compartida no le va a pagar la pensión”. Explicó que “solo ella se considera la buena madre y desconfía permanentemente del otro padre. Desconfía porque ella dice, si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar”.

Según el escrito de queja las declaraciones del magistrado son incompatibles con los deberes de imparcialidad y respeto que rigen la función jurisdiccional, puesto que muestran prejuicios estructurales y estereotipos de género que comprometen la confianza pública en la justicia.