Las críticas irán dirigidas a resaltar la vinculación de García Ortiz con el Gobierno de Pedro Sánchez, su supuesta falta de independencia y el último varapalo dado por el Tribunal Supremo (TS) al nombramiento de Dolores Delgado, su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, como fiscal de Sala del TS, cuyo ascenso ha sido anulado por apreciar “desviación de poder”. También le reprochan no haberse pronunciado claramente en contra del concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política en la negociación del PSOE con Junts.

Así las cosas, es previsible que una buena parte de los vocales del CGPJ, en el que hay mayoría conservadora y que lleva en funciones cinco años, se pronuncie en contra de la idoneidad del candidato que, en todo caso, reúne los requisito establecidos en el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al ser nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial y eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

La cuestión es ahora si el número de vocales que apuesten por la no idoneidad alcanza la cifra de nueve, que sería mayoría y convertiría la elección de García Ortiz en la primera que no cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial.

El órgano de gobierno de los jueces cumplirá, en todo caso, el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se produjo después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes comunicara que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto.

En esa ocasión, los vocales conservadores del CGPJ advirtieron que el candidato propuesto no cumplía, a su juicio, con el requisito de la imparcialidad puesto que entendían que su “trayectoria” venía ligada “de manera intensa, desde la responsabilidad reciente que ha ocupado, a la de la fiscal general (Dolores Delgado) recién dimitida, cuya idoneidad ya resultó controvertida”.

Ya en ese momento, los vocales conservadores esgrimieron como prueba de esa falta de imparcialidad el expediente al fiscal Ignacio Stampa y su salida de Anticorrupción o la respuesta dada a la Sala del Tercera del Tribunal Supremo para insistir en nombramientos relevantes de la Fiscalía declarados nulos.

En 2022 este sector del CGPJ ya advirtió que no cuestiona “la libertad de cualquier jurista para participar en las actividades de debate jurídico que tenga por oportuno”, pero indicó que todo ello debe ser tenido en cuenta y destacó la participación de García Ortiz en un foro de debate cuya “razón de ser es proporcionar sustento ideológico a un partido político”.

Tras convocarse el pleno ayer miércoles, el vocal Wenceslao Olea, de perfil conservador, pidio al presidente en funciones, Vicente Guilarte, que aplazara el debate en pleno del informe, puesto que el orden del día debe estar establecido con tres días de antelación a su celebración, algo que ha sido descartado por el presidente provisional.