El acuerdo se ha aprobado en una reunión extraordinaria convocada a petición de los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la constitución de dos comisiones de investigación que versarán sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la denominada ‘operación Cataluña’.

El texto por la Comisión Permanente añade que el Consejo General del Poder Judicial se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación.

El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente en funciones del CGPJ, el vocal Vicente Guilarte, después de que este y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart han votado en contra y han anunciado la formulación de un voto particular por considerar que el acuerdo es insuficiente y necesita ser ampliado. La vocal Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

La votación ha salido adelante gracias a que Guilarte ha votado con los vocales progresistas. Tradicionalmente encuadrado en el sector conservador y elegido a propuesta del PP, el presidente del CGPJ ha venido adoptando una actitud de mediación entre los bloques que se encuentran ahora en su máximo grado de enfrentamiento.

En las últimas semanas, Guilarte ha exigido a los partidos políticos, al Congreso y al Senado que cumpla con su obligación constitucional de renovar un Consejo que ya ha cumplido cinco años en funciones, doblando el mandato para el que elegido en 2013, cuando el Gobierno era del Partido Popular.

Los tres vocales que han anunciado voto particular pertenecen al sector conservador y son de los más duros. Su oposición a esta declaración se deber a que la consideran excesivamente moderada.

Este es el segundo comunicado que aprueba el CGPJ sobre este asunto. El que salió adelante el pasado 9 de noviembre a la vista del texto del acuerdo suscrito por el PSOE y Junts y auspiciada por el sector conservador decía que “ante las inadmisibles referencias (…) al ‘lawfare’ (judicialización de la política) contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts con la finalidad de facilitar la investidura” la Permanente advertía su “frontal rechazo” a tales iniciativas en línea con los manifestado por las asociaciones judiciales.

“Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”.

Paralelamente, añadía, “hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”.