Este coste resulta de lo que es necesario invertir en reparaciones de todas las deficiencias originadas en el proceso de construcción, como conecuencia de no aplicar unos criterios de calidad estrictos.

Por otro lado, la AIC va a solicitar al nuevo Gobierno que retire el proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación, remitido a las Cortes en diciembre pasado por el anterior Ejecutivo.

A juicio de esta asociación, dicho proyecto no incluye los necesarios controles de calidad para garantizar la ejecución de los procesos de la construcción, además de no ser consensuado entre las partes implicadas.