Chaves, que rechazó las críticas que se están vertiendo contra la Junta de Andalucía a propósito de este caso, afirmó que "sobre la base de acusaciones generales no podemos poner bajo sospecha jamás a las instituciones, a los políticos y a miles de empresarios y funconarios que día a día están desarrollando su trabajo con rigor y al servicio de todos los ciudadanos".

El presidente de la Junta de Andalucía se mostró también partidario de legislar para combatir el tráfico de influencias y la corrupción, a lo que se prestan algunos empresarios, para que estos no vuelvan a ser contratados por la Administración.

Todos los grupos políticos del Parlamento andaluz se mostraron de acuerdo con la creación de dos comisiones de investigación, aunque discrepan en su form. Una comisión irá encaminada a investigar el "caso Ollero" y las posibles responsabilidades políticas que se deriven de él, mientras que la otra se encargará de esclarecer la financiación de los partidos políticos.

El portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento andaluz, Gabino Puche, aseguró que "en este caso hay responsabilidades políticas que se desprenden del Consejo de Gobierno y del presidente". Además, señaló Puche, "existe una clarisima conciencia de que se pagan comisiones por la adjudcación de obras".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía (IU-CA), Luis Carlos Rejón, denunció que "existen poderes paralelos" por lo que pidió "que se llegue hasta el final en este caso para que paguen los responsables y 'leña al mono'".

El representante del Partido Andalucista (PA) en la Cámara autonómica, Mariano Pérez Ayala, manifestó que "el buen nombre de Andalucía lo manchan algunos que están implicando a la Junta de Andalucía en la práctica de actividades crruptas".

Manuel Chaves calificó de "chorradas y tonterías" las críticas referidas al cambio de actitud del Gobierno andaluz que la oposición achaca a una orden impuesta desde el Ejecutivo central".