El debate estuvo dominado por la polémica en torno a las obras del túnel de Belate y las adjudicaciones y sobrecostes de obra pública como la del Archivo General, aunque también se plantearon preguntas sobre el proyecto de Mina Muga.

Durante la sesión, senadores de UPN y PP interpelaron a Chivite sobre las adjudicaciones vinculadas al desdoblamiento de la N-121A y al túnel de Belate, aludiendo a informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que señalan irregularidades administrativas.

Chivite defendió la actuación de su Gobierno y recordó que las mesas de contratación son órganos independientes en los que los cargos políticos no deben intervenir. “Un Gobierno no da obras: licita y adjudica conforme a la legalidad”, afirmó, subrayando que la prioridad fue garantizar la seguridad de la vía y responder a las exigencias de Bruselas tras años de incumplimiento de anteriores ejecutivos.

La presidenta añadió que el Ejecutivo encargó una triple auditoría —a la propia Oficina Anticorrupción, a la Cámara de Comptos y a entidades externas— para revisar todos los procesos. “La decisión fue transparencia total, que salga lo que tenga que salir y que asuma responsabilidades quien corresponda”, dijo.

MINA MUGA

En un segundo plano, aunque con presencia en el debate, se abordó el proyecto de Mina Muga, promovido por Geoalcali. Chivite recordó que se trata de “un proyecto privado cuya tramitación comenzó en 2011 bajo gobiernos de UPN en Navarra y del Partido Popular en el Estado”.

Preguntada sobre supuestos encuentros con el empresario Antxon Alonso, negó haberse reunido con él en enero de este año y precisó que su último contacto fue “hace escasas semanas” con la dirección de Mina Muga, “que además tiene un nuevo CEO” en su despacho en el Parlamento de Navarra.

La presidenta confirmó también reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica, incluidas conversaciones con su titular Sara Aagesen, subrayando que “han sido públicas y recogidas en notas de prensa”. Recalcó, además, que la función de la Administración se limita a tramitar licencias y autorizaciones, y que es lógico mantener reuniones para conocer el estado de los expedientes.

La sesión derivó en reproches cruzados entre Gobierno y oposición. Desde UPN se acusó a la presidenta de ocultar información sobre modificaciones en contratos, mientras que Chivite replicó que las desviaciones en obras públicas son habituales y se informan por los cauces establecidos.

Formaciones como Geroa Bai o Izquierda Confederal cuestionaron la utilidad de esta comisión en el Senado, a la que calificaron de “instrumentalización partidista”, y defendieron que el lugar para analizar las adjudicaciones es el Parlamento de Navarra, donde ya existe una investigación en curso.

En su intervención final, Chivite aseguró sentirse “tranquila” y reivindicó que el Gobierno de Navarra actúa con transparencia y rigor. Aseguró que seguirá colaborando con todas las investigaciones y adelantó cambios normativos para reforzar la seguridad jurídica en los procesos de contratación.