El plan articuló el trabajo conjunto de cientos de investigadores, tecnólogos y especialistas de múltiples disciplinas (biología, ecología, ciencias ambientales, ingeniería, ciencia de datos y tecnologías digitales) con el objetivo de "mejorar el conocimiento del estado de los ecosistemas y dotar a la comunidad científica y a los gestores públicos de herramientas más precisas para afrontar los efectos del cambio global sobre la biodiversidad", informó el Ministerio de Ciencia. Estuvo cogobernado y cofinanciado entre este ministerio y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, Canarias, Extremadura, Galicia, Illes Balears y País Vasco

Durante su desarrollo, el programa impulsó cerca de un centenar de proyectos de investigación centrados en la observación sistemática de la biodiversidad terrestre y marina, la monitorización de especies y hábitats, la evaluación de servicios ecosistémicos y el análisis de los impactos derivados del cambio climático, la presión humana y otros factores de alteración ambiental. Estos trabajos dieron lugar "a una producción científica relevante, con un elevado número de publicaciones especializadas y resultados transferibles", añadió.

Uno de los ejes centrales del plan fue el despliegue de plataformas avanzadas de observación, combinando sensores terrestres, marinos y aéreos, vehículos no tripulados y tecnologías de teledetección. Estas infraestructuras permitieron recopilar datos ecológicos de alta resolución espacial y temporal, "mejorando la capacidad para detectar cambios en los ecosistemas, seguir la evolución de especies y anticipar riesgos ambientales".

Paralelamente, el plan desarrolló una infraestructura digital integrada de observación de la biodiversidad que permite almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos ambientales de forma interoperable. Esta arquitectura "facilita el acceso abierto a la información, fomenta la reutilización de datos científicos y refuerza la colaboración entre equipos de investigación, administraciones y otros agentes implicados en la gestión ambiental", detalló el ministerio.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Otra línea clave fue la elaboración de inventarios y métricas estandarizadas de servicios ecosistémicos, orientadas a cuantificar funciones esenciales como la regulación climática, la provisión de recursos naturales o la protección frente a riesgos naturales. Estos trabajos "aportan una base científica sólida para integrar la biodiversidad en la planificación territorial y en la toma de decisiones ambientales".

También prestó especial atención a la evaluación de los impactos del cambio global, desarrollando modelos y herramientas analíticas capaces de identificar tendencias, vulnerabilidades y escenarios futuros. Estos avances resultan "especialmente relevantes para la gestión de incendios forestales, la conservación de espacios naturales, la planificación de infraestructuras verdes y la adaptación de los ecosistemas a condiciones climáticas cambiantes".

Por último, se impulsó el desarrollo y adopción de la plataforma de inteligencia artificial aplicada a estudios de sostenibilidad medioambiental y biodiversidad, 'Aries' (ARtificial Intelligence for Environment & Sustainability), mediante el lanzamiento del prototipo de software de código abierto K.Lab y la oferta de cursos de e-learning.

'Aries' es una herramienta de inteligencia artificial que integra datos y modelos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos e inventario y contabilidad de capital natural conforme a estándares internacionales, y ofrece herramientas de apoyo a la decisión para administraciones y actores del territorio.

Además del conocimiento generado, el plan fortaleció la transferencia tecnológica y la cooperación entre ciencia y sociedad, con acuerdos de colaboración con empresas, administraciones públicas y organismos especializados. Asimismo, "se consolidó una red de centros científicos y técnicos dedicados al estudio y la gestión de la biodiversidad, que constituye una base estructural para dar continuidad a los trabajos iniciados", indicó el ministerio.

Participaron más de 600 investigadores y tecnólogos de 18 entidades y tres empresas, con la contratación de 250 personas. Se generaron 195 publicaciones científicas, además de 15 acuerdos de transferencia tecnológica y asistencia técnica a empresas, administraciones públicas y organismos internacionales.