Esa petición se produjo después de que el pasado sábado se cumplieran 28 años de la rotura de la balsa minera de lodos tóxicos en Aznalcóllar, entonces explotada por la empresa Boliden, en lo que fue uno de los mayores desastres ecológicos de la historia en España al contaminar la cuenta del río Guadiamar y poner en riesgo extremo al Parque Nacional de Doñana.

El próximo 9 de mayo, cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes y la ciudadanía en general de poblaciones ribereñas del estuario del Guadalquivir, junto con organizaciones ecologistas, se manifestarán frente a la desembocadura del Guadalquivir y las costas de Doñana para denunciar la contaminación que los vertidos mineros han provocado en el río desde 2009 hasta 2023, por parte de la mina de Cobre Las Cruces.

Especialmente, se manifestarán contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para los proyectos de reapertura de la Mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, y la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla).

En esa manifestación se exigirá a la Junta de Andalucía una moratoria para futuros vertidos y la creación de un Comité de Expertos independientes que se pronuncie sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir por los vertidos mineros, como exigieron en abril de 2024 varios alcaldes de poblaciones ribereñas, representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y las ‘mareas blancas’ de defensa de la salud, científicos y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Asimismo, las organizaciones ecologistas exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final es la Zona de Especial Conservación (ZEC) del estuario del Guadalquivir, con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Las jornadas científicas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’, celebradas en junio de 2024 en la Universidad de Sevilla, advirtieron sobre los riesgos ambientales de los vertidos de metales pesados de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar. Expertos científicos solicitaron paralizar las autorizaciones de vertidos, basándose en estudios que cuestionan la seguridad ambiental y exigen un comité técnico independiente.

Sin embargo, un mes después la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, incluyendo un vertido tóxico preoperacional de 17.520 millones de litros de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados, procedentes de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes, abandonadas desde 2001. Este vaciado se pretende realizar en 18 meses (más de 30 millones de litros diarios).

También se autorizó un vertido de 68.000 millones de litros durante un periodo operativo de 17 años, una vez que concluya el vaciado preoperacional. En mayo de 2025, la Dirección General de Minas otorgó la autorización minera, incluyendo una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo.

Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios de científicos realizados en las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluidas en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

METALES PESADOS

Según estas entidades, este vertido contaminaría seriamente el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, lo que afectaría gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir. Además, pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.

La reapertura de la mina de Cobre las Cruces ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea.

Según los ecologistas, los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta, a pesar de producirse en la misma ZEC, lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ecologistas añaden que la Junta de Andalucía no ha evaluado la afección medioambiental del vertido tóxico en Doñana y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo legalmente.

DEMANDAS

Por ello, piden la suspensión provisional de la tramitación de la concesión de aguas actualmente en trámite por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la creación de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes para determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido.

También reclaman un pronunciamiento de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la UE.