"Nuestra función", puntualizó, "es comprobar que todo es reflejado en la contabilidad y que se cumplan los requisitos legales en cuanto al origen y la aplicación de esos fondos".

En cuanto a las subvenciones oficiales recibidas el año pasado por el partido socialista, que ascendieron a 3.636 millones (el 89,6 por ciento del total de sus ingresos), De Vicente afirmó: "A pesar de no tene una opinión definida sobre este tema, entiendo como ciudadano que, de entrada, a nadie le hace gracia pagar los presupuestos de ninguna formación política".

A su juicio, está claro que, de situar a los partidos en el mercado, "no iban a funcionar todos por igual".

De Vicente, que participó en un seminario sobre "Utilización y control de los recursos públicos", considera que la principal reforma que necesita el Tribunal de Cuentas es cambiar su relación con el Parlamento.

CONTRASENTIDO

En a actualidad, explicó, es el presidente del tribunal quien comparece ante la comisión mixta Congreso-Senado para exponer y debatir los informes "que nosotros mismos elaboramos". De Vicente entiende que de esta forma el tribunal pasa de controlador a ser controlado, "lo cual es un contrasentido", indicó.

Según su criterio, el tribunal ha de ser controlado por el Parlamento sobre la manera en que ejercita su función fiscalizadora, pero no en cuanto a la gestión en sí.

"Habría que modificar la ley",dijo, "para que no sólo comparezca el tribunal, sino también el cuentadante (el gestor que debe rendir cuentas sobre los gastos que son de su competencia).

En este sentido, se mostró partidario de sustituir la relación bilateral que existe, puesto que el Tribunal de Cuentas no es el gestor de las empresas públicas, sino el encargado de la fiscalización de éstas. "Este es un fallo garrafal producto de alguna concepción del tribunal, que desconozco y que debe ser superado", recalcó.

Respecto a los ribunales de cuentas que ya existen en diversas autonomías, De Vicente opinó que, teniendo en cuenta el principio de descentralización establecido en la Constitución, hay que estar a favor de estos tribunales, pero es necesario lograr una coordinación entre el órgano central y los autonómicos para evitar la duplicidad de trabajo.